¿lo local es una oportunidad? ¿tiene límites?

Ante la crisis sistémica socioambiental, movimientos sociales y organizaciones en todo el planeta buscan diversas alternativas al paradigma del desarrollo. En lo que respecta al sector energético y la transición energética, existen movimientos, organizaciones y experiencias, no necesariamente muy visibles, que se presentan como un intento de apropiación de las políticas energéticas.

En la mayoría de los casos existe un elemento común: el rechazo al sistema energético fósil, económicamente concentrado y excluyente.

Intentos de apropiación y comando desde lo local de las políticas energéticas se manifiestan en diversas regiones (tanto en el Norte como en el Sur Global) y con características diferenciadas.

En América Latina habitan múltiples iniciativas, entre las que podemos incluir a los movimientos antirrepresas como el Movimiento de Afectados por Represas MAR, con  expresiones en distintos países de la región (que en diversas comunidades desarrollan alternativas energéticas comunitarias), incluyendo el movimiento Ríos Vivos en Colombia, cooperativas de trabajo para el desarrollo de microrrepresas, el movimiento campesino que encuentra, por ejemplo, en las escuelas de formación en energías renovables del MST y del MAB de Brasil un espacio de construcción de la transición energética popular. El desarrollo en diversas comunidades andinas de espacios de decisión alrededor del agua y la energía, o las experiencias de cooperativas de energía en diversos países de América Latina como alternativa al sistema energético mercantil, se configuran como una multiplicidad de experiencias desiguales, complejas, marginales aún, pero que son el germen de un nuevo sistema energético con todas sus contradicciones.

En el Norte Global, los movimientos de las Transition Towns (TT) y las Post Carbon Cities (PCC) priorizan la transición energética, promueven la creación de economías descentralizadas y sostenibles. Los movimientos TT y PCC afloran en Gran Bretaña y Estados Unidos, ambos habiendo alcanzado en algún momento de su historia picos de recursos fósiles. Estos movimientos no solo plantean migrar de combustibles fósiles hacia recursos renovables, sino que pretenden, además, cambiar el modelo de gestión y propiedad del sistema eléctrico. Se trata de pasar del modelo clásico de unas pocas empresas privadas que controlan la generación y distribución eléctrica, con base en grandes centrales de producción, a un modelo descentralizado, democrático, eficiente y sostenible. Es necesario mencionar que las réplicas de estos movimientos en ALyC se desarrollan a través de formas y métodos elitistas y de capacitaciones oficiales y onerosas.[1]

En las múltiples experiencias de remunicipalización de servicios públicos en el Norte y en el Sur se expresan también algunos aspectos relacionados a la construcción de una transición energética popular.

En América Latina resulta importante pensar en las sinergias que puedan aportar estas experiencias, tanto del Norte como del Sur, para el desarrollo de experiencias ciudadanas locales en intercambio y construcción con los sectores populares en el campo. Mientras hoy en el mundo, más de la mitad de la población vive en ciudades, se espera que en el año 2050 más del 66 % de la población sea urbana. En América Latina, la tasa de urbanización es aún más alta: mientras que, en 1970, era inferior al 60 %, en el 2010 rondaba el 80 %, y se espera que, en el 2025, sea cercana al 90 % (ONU-Habitat, 2012).

Las estructuras de generación, transmisión y distribución de energía, ya sea en el sector eléctrico como en el resto de los sectores, se encuentran profundamente concentradas. Esto se asocia no solo a un proceso de concentración física de centrales, centros de transformación, etcétera, sino a una fuerte concentración de la propiedad (sea esta pública, actuando con criterios corporativos o privada) y, fundamentalmente, centralización de las decisiones relativas a diferentes aspectos, que van desde el desarrollo de infraestructura, normativa, costos y precios, etc. No alcanza solo con desprivatizar, sino que es necesario desconcentrar y descentralizar.

Experiencias como las de energía ciudadana, ciudades en transición, cooperativas de consumo y producción, experiencias de autoproducción de energía por movimientos campesinos, desarrollos de pequeñas represas por cooperativas locales, y las experiencias de generación distribuida, dan cuenta de un aspecto esencial: la posibilidad de apropiación de las políticas energéticas, de disputarlas frente a y en el marco de los Estados nacionales y construir espacios ciudadanos que alienten otro modelo energético, renovable, participativo, inclusivo, emancipatorio, congruente con la idea de los límites planetarios y la inequidad existente.

Las experiencias que muestran aspectos más integrales, ya que no se limitan a los cambios de fuentes energéticas, sino que en muchos casos disputan el poder sobre la toma de decisiones y el sentido de los cambios, tienen un denominador común: son propuestas locales y, muchas veces, rurales.

Propuestas de creación de espacios en ámbitos municipales de debate acerca de la energía presentan algunas potencialidades que cabe destacar. Concebidos como espacios abiertos, conformados por actores sociales, sindicales, educativos y por los gobiernos locales, permitirían la apropiación y el comando sobre las políticas energéticas por parte de la ciudadanía.

Al entender la energía como un continuo epistemológico (sociotécnico) entre aspectos físicos, consecuencias sociales, ambientales y políticas, estas herramientas pueden generar condiciones para abordar las políticas energéticas desde perspectivas como la de satisfacción de necesidades, garantizar el acceso a la misma, transformar al Estado local en un ejemplificador como consumidor y también como generador, descentralizar las fuentes energéticas e involucrar a la sociedad en el debate de este tema.

Es necesario explorar las características que estos espacios pueden tener en la región latinoamericana. Existen ejemplos que se deben potenciar.

Es preciso reconocer los límites de lo local para dar cuenta del desafío relacionado con la generación, distribución y consumo de energía. En consecuencia, la necesidad de una articulación regional y nacional como espacio de construcción de alternativas participativas y democráticas de construcción de poder popular alrededor de la energía resultan una alternativa fundamental. Uno de los grandes desafíos consiste en  integrar las luchas no solo nacionalmente, sino regionalmente, disputando el poder en las decisiones del sistema energético.[2]

La concentración de las políticas energéticas en manos de los Estados nacionales y, dentro de estos, en círculos de “especialistas”, configura una preocupante situación de la falta de debate alrededor del desarrollo de dichas políticas. Los debates quedan restringidos a sectores de elites del gobierno, algunas consultoras y expuestas al intenso lobby de los sectores empresariales interesados en el área. No solo es posible, sino necesario, avanzar en la disputa por la democratización y descentralización de las políticas energéticas.

[1] Nos adherimos a las críticas constructivas de estos movimientos que el investigador Roberto Bermejo realiza en su estudio “Ciudades poscarbono y transición energética” (2013).

[2] (3er Conferencia Regional de Energía, Ambiente y Trabajo, 2018)  http://www.csa-csi.org/NormalMultiItem.asp?pageid=12399

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