¿en qué lugar de la agenda de la transición energética se encuentra el problema de la pobreza energética?

En el planeta, aproximadamente 1200 millones de personas carecen de acceso a la electricidad y más de 2000 millones cocinan con biomasa en condiciones que afectan a la salud (International Energy Agency, 2017). La pobreza energética menoscaba la calidad de vida y profundiza las condiciones de desigualdad. Las mujeres se ven particularmente afectadas por la pobreza energética, dado el rol que se les ha asignado en el sistema de producción como responsables de la reproducción de la vida y los trabajos de cuidado.

La energía es una herramienta, no un fin en sí mismo. Como tal, debería utilizarse para mejorar la calidad de vida de las personas. En un contexto de fuerte desigualdad, puede tener la capacidad de mejorar la distribución de riqueza.

Existen diversos abordajes sobre la pobreza energética. En la mayoría de los casos, se subsume el problema a las políticas de acceso a la energía o a la relación del costo de dicho acceso con los ingresos de los hogares.

Las primeras miradas a principios del siglo XX se asociaban a la denominada “pobreza de combustibles”, que entre sus definiciones más recientes puede resumirse como la incapacidad de un hogar para cubrir adecuadamente sus necesidades energéticas debido a su bajo nivel de ingreso, el costo de la energía y las características de la vivienda (Castelao Caruana, Méndez, Rosa, & Wild, 2019).

Una de las definiciones más difundidas es la de Boardman, citada por Rodrigo Durán (2018), que considera que un hogar se encuentra en condiciones de pobreza energética cuando gasta más del 10 % de su ingreso en calentar adecuadamente la vivienda o cuando el gasto total de energía supera ese porcentaje. Si bien esta definición no hace referencia a otros aspectos multidimensionales de la pobreza energética, suele ser útil para dimensionar parte del problema.

El investigador García Ochoa (2014) propone un enfoque centrado en las Necesidades Absolutas de Energía,[1] según el cual las necesidades humanas son absolutas y las mismas en todas las épocas y culturas. Entre ellas, se identifican necesidades existenciales como ser, estar, tener y hacer, y las axiológicas, como protección, afecto, subsistencia, libertad, identidad, creación, ocio, participación y entendimiento. Los satisfactores de esas necesidades básicas cambian a través del tiempo de acuerdo con percepciones culturales y sociales.

A partir del método de Satisfacción de Necesidades Básicas Energéticas,[2] se define pobreza energética como:

“Un hogar se encuentra en pobreza energética cuando las personas que lo habitan no satisfacen las necesidades de energía absolutas, las cuales están relacionadas con una serie de satisfactores y bienes económicos que son considerados esenciales, en un lugar y tiempo determinados, de acuerdo a las convenciones sociales y culturales.” (Ibídem, pág. 17, 2014)

Las estrategias que despliegan los hogares para enfrentar la pobreza energética poseen una dimensión de género (Castelao Caruana, Méndez, Rosa, & Wild, 2019), y la pobreza energética contribuye a la feminización de la pobreza.

Los diversos indicadores muestran que la pobreza energética impacta en muchos aspectos de la vida cotidiana. En América Latina, hace diez años se enumeraban, entre otras, las siguientes características de la pobreza energética:[3]

• “En todos los países analizados, los estratos pobres consumen menos cantidad de energía que el resto de los estratos sociales. A pesar de ello, gastan una proporción más significativa de sus ingresos en energía que los estratos no pobres.
• En muchos casos el precio por unidad de equivalencia calórica resulta superior, debido básicamente a las dificultades para acceder a servicios por redes como, por ejemplo, el gas natural en algunos de los países que disponen de él (aún contabilizando subsidio social).
• Cuando ello no es así, es porque se recurre a la leña o bien porque no pagan la energía eléctrica consumida debido al carácter clandestino de sus conexiones.
• El nivel de desigualdad es sumamente elevado.
• En general un mayor consumo de leña por habitante también se corresponde con bajos IDH.
• La cuestión de la inequidad no sólo se manifiesta mediante el acceso a los distintos servicios, el costo relativo de los mismos y las mayores proporciones del ingreso familiar para atender las necesidades energéticas. Ésta también se evidencia a través del acceso a equipamiento de los hogares y comunidades, lo que a su vez se refleja en el nivel de los consumos energéticos.”

La política energética, lejos de tratar estructuralmente el problema de acceso a la energía, lo ha tratado de un modo disperso, poco sistemático, cercano a la retórica. Más grave aún, no existe una vinculación explícita entre el acceso a los servicios energéticos como aspecto fundamental en la reducción de la pobreza (Ibídem, pág. 18, 2009).

Algunos sectores dominantes insisten en que sacar de la pobreza a miles de millones de personas puede generar un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata de un argumento elitista y basado en la idea de que la satisfacción de necesidades solo es posible en un contexto de consumo y producción industrial a gran escala.

La transición energética corporativa reduce la discusión al incremento de fuentes renovables en la matriz energética e ignora la pobreza energética como parte esencial de la discusión. La transición energética popular aborda la pobreza energética como un elemento central del sistema energético, atendiendo al conocimiento científico y el saber ancestral, co-construyendo la transición energética hacia sociedades con justicia social y ambiental.