¿es posible la transición energética popular sin democratización?

La alianza Sindicatos por la Democracia Energética (TUED) sostiene que la transición a otro sistema energético solo puede ocurrir si el poder cambia de manos de las corporaciones con fines de lucro a los ciudadanos comunes y las comunidades (Worker Institute at Cornell, 2012).

Como ya fue expresado, el actual sistema energético es comandado por un conjunto de actores globales asociados a grandes grupos económicos y lobbys de fundaciones asociadas a diversos grupos de poder. Se trata de un sistema sumamente opaco y poco transparente.

El contexto actual es el de democracias que se han distorsionado y debilitado debido a la extrema concentración de la riqueza y el poder mediático, político y judicial. En opinión del teórico político Timothy Mitchell (2011), la imposición imperialista del ideal occidental de la democracia liberal sobre el resto del mundo se explica porque la democracia ha sido entendida como un conjunto prediseñado de principios y estructuras que se pueden exportar a todos los países, independientemente de su contexto histórico y geográfico (Transnational Institute, 2016).

En el proceso de construcción de la transición energética popular, entendemos la democracia en su sentido de autogobierno de personas que deciden su futuro individual y colectivo. En este marco, “la democracia no es un estado de gobierno, sino un proceso continuo y multidimensional que busca democratizar las relaciones de poder desiguales a través de la acción política, la mejora de las libertades, la justicia y la capacidad de autodeterminación individual y colectiva” (Grupo de Trabajo Global Más Allá del Desarrollo, 2019).

En este sentido, la democratización energética se asocia también a la posibilidad de transformación de los diversos sistemas y dimensiones de la dominación. Impulsar un proceso de democratización energética plantea al menos abordar los siguientes ejes (Bertinat, Tansición energética justa. Pensando la democratización energética, 2016):

  • Comprender qué queremos cambiar y para qué o en qué sentido. Esto plantea la necesidad de una construcción social y colectiva de un diagnóstico integral de la realidad del sistema energético, comenzando desde la capacidad del sistema para satisfacer las necesidades de la sociedad en congruencia con los límites que impone la naturaleza.
  • Construir sistemas populares de información que disputen los datos tendenciosos de los lobbys empresariales, que suelen ser intencionados y determinados por los fuertes intereses corporativos. Esta información debería construirse en el marco de procesos de formación popular. Esto incluye no solo la construcción de conocimiento “técnico”, sino la inclusión de todo tipo de conocimientos, más allá de la mirada tradicional occidental y cientificista, tal y como lo plantea Boaventura de Sousa Santos en su tesis sobre las epistemologías del Sur (2014).
  • Resistir a las imposiciones del régimen internacional de libre comercio y protección de inversiones, que usa instrumentos para limitar la democracia energética, como el TISA (Acuerdo sobre el Comercio de Servicios) y el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), entre otros.[1]
  • La transición energética popular no ocurrirá por generación espontánea, sino que será el resultado de disputas, lo cual significa desarrollar estrategias de poder construyendo alianzas.
  • Entendemos la democratización energética como un proceso continuo dentro de nuestras comunidades, movimientos, sociedades y Estados (Grupo de Trabajo Global Más Allá del Desarrollo, 2019).
  • La democratización energética precisa el desarrollo de espacios, procesos, mecanismos de participación asociados a la toma de decisión, nuevas formas que, basándose en el reconocimiento de los derechos políticos, resistan a la institucionalización por parte de los diversos niveles del Estado.

La posibilidad de un proceso de democratización energética disputa el sentido convencional de las visiones liberales occidentales para apoyar el despliegue de nuevas formas y procesos que puedan articular los diferentes niveles: por un lado, la democracia desde abajo, pero también la construcción de consensos y alianzas entre los diversos espacios, de manera que se fortalezca la lucha en espacios nacionales o regionales.

[1] Entre otras cosas, conceden a las grandes empresas el derecho a demandar a los gobiernos por medidas que el capital considere que podrían limitar las ganancias o amenazan la propiedad privada, como la moratoria sobre la extracción de combustibles fósiles o la decisión de revertir una privatización. La disposición relativa a la neutralidad tecnológica en el TISA limitaría la capacidad de los Estados para distinguir entre fuentes de energía altas y bajas en emisiones de carbono (Transnational Institute, 2016).

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