¿cómo debe la transición energética popular impulsar el desarrollo de fuentes renovables?

En las últimas dos décadas, América Latina y el Caribe (ALyC) ha tenido una lenta incursión en la implementación de energías renovables. Como parte de este proceso, se han sancionado una serie de leyes y normativas que promueven las energías renovables (en su mayoría en el ámbito eléctrico). En muchos casos, estas normativas no se han cumplido y se han ratificado nuevas leyes que buscan alcanzar los mismos objetivos.

Para incentivar la implementación de estas energías, se ha utilizado con frecuencia la lógica de las subastas.[1] Brasil dio inicio a esta lógica en 2006, seguido por otros países. De los 42 países que componen la región, 12 usan actualmente subastas: Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay (REN21, 2017)

La organización REN21 apunta en uno de sus informes que la región se encuentra a la vanguardia a escala mundial en la utilización de subastas para contratación de energías renovables y que estas subastas han dado lugar a los precios más bajos del mundo (REN21, 2017).

Estos procesos de subastas energéticas se basan en mecanismos de competencia, donde el criterio principal es el precio de la energía. Estas lógicas generan, por un lado, que solo puedan participar y obtener beneficios grandes corporaciones (REN21, 2017), y por otro, la concentración de proyectos en lugares donde hay mayor disponibilidad o acceso al patrimonio natural (por ejemplo, sol y viento), con el fin de reducir costos. Así, se reproduce la lógica extractivista corporativa en el uso de fuentes renovables.

De este modo, se menoscaba el potencial democrático de las fuentes renovables, asociado a su generación distribuida, uso local y toma de decisiones participativa. Las fuentes renovables se pueden utilizar en distintos lugares, por lo que, más allá de la rentabilidad, los criterios de decisión deben basarse en el uso, manejo y control de los territorios por las comunidades, y en las posibilidades de generar energía para la población, garantizando empleos locales con cumplimiento de derechos laborales y condiciones de vida dignas.

En otras palabras: las subastas energéticas en ALyC promueven la transición energética corporativa.

Se debe tener claro qué impulsa un Estado cuando pretende iniciar una transición energética: ¿aumentar la potencia en energías renovables? ¿Atraer inversiones? ¿Buscar el crecimiento económico de empresas locales o incrementar las ganancias de empresas multinacionales de la energía? ¿Distribuir el poder entre la ciudadanía o concentrar el poder en las corporaciones? ¿Cuáles deben ser los indicadores que den cuenta de que estamos andando una transición energética corporativa o un transición justa y popular?

El caso de las energías renovables en Uruguay es un faro que conviene observar. Por el mercado es visto como un ejemplo de alta penetración de renovables en el sector eléctrico de la matriz energética. Comenzó en 2008 y, al cabo de casi 10 años, desplazó a los combustibles fósiles a partir del recurso eólico.

Esta transformación se logró mediante una política estatal que condujo a invertir en este ámbito el 15 % del producto interno bruto (PIB) y la contratación con las empresas dueñas de los 35 parques eólicos instalados. Este salto, calificado por la prensa internacional como una “revolución”, “posicionó a Uruguay como un ejemplo exitoso en el mundo de la transición hacia las energías limpias” y lo clasificó como el primer país de América Latina con una mayor proporción de electricidad generada por fuentes renovables (Ortega, 2017).

No obstante, esta situación además de diversificar la matriz energética, trajo asociados otros aspectos, como el incremento de las tarifas y el ingreso de agentes privados en un sector eminentemente público como era el sector energético en Uruguay.

Es necesario dar inicio a otros mecanismos de incorporación de energías renovables en diversas escalas. Algunos pueden no perseguir beneficios estrictamente económicos comerciales, como los modelos de tarifas de alimentación (feed-in tariff) en función de múltiples variables, como la razón social, la dinamización de políticas locales, la creación de nuevos emprendimientos, la cobertura a sectores vulnerados, o el reconocimiento de cargas y pagos equitativos entre hombres y mujeres, entre otros.

Los proyectos participativos de energías renovables o las cooperativas de producción y consumo de renovables pueden ser una opción. Para REN21 (2017), los proyectos ciudadanos participativos de energías renovables se suelen caracterizar por dos elementos principales:

  • La ciudadanía y las comunidades de la región donde se ubica el proyecto poseen la producción de energía sostenible, participan en ella o la controlan, y la mayoría de los beneficios directos del proyecto se distribuyen localmente.
  • Los proyectos ciudadanos participativos aumentan la aceptación[2] social y maximizan los impactos socioeconómicos positivos de los proyectos de energía renovable, además de minimizar los posibles impactos sociales y ambientales adversos (REN21, 2017).

En ALyC hay pocas experiencias de proyectos cooperativos o participativos en incorporación de energías renovables (REN21, 2017). Esta es una clara señal de la carga ideológica corporativa y extractivista que han tenido las políticas de energías renovables en ALyC.

Los proyectos participativos requieren un marco de políticas públicas más democráticas, ya que pueden no resultar en bajos precios de energía, en términos de mercado, y no se basan en la competencia; por el contrario, avanzan hacia la desmercantilización de la energía y valoran otros elementos, como el trabajo local, etc. Por ello, podrían requerir de subsidios, pero bajo una matriz de análisis totalmente distinta. Se trata de una decisión política sobre los sectores prioritarios en la asignación de subsidios, teniendo en cuenta que la relación de subsidios a escala mundial entre fósiles y renovables en el año 2014 era de 4:1 (REN21, 2017).

Existen experiencias de proyectos comunitarios o participativos fuera de AlyC; por ejemplo, en en España y Alemania.[3] Si bien la tecnología[4] no es transferible entre diferentes contextos socioculturales, a partir del intercambio de experiencias se pueden realizar los estudios y análisis de casos pertinentes para plantear espacios de participación energéticos en ALyC.

Los proyectos participativos y ciudadanos, debido a la reinversión de los beneficios en la economía local, han demostrado que generan un impacto adicional en el empleo y en los ingresos locales unas 10 veces mayor que los proyectos no ciudadanos (Okkonen & Olli, 2016).

En el proceso de transición energética popular es necesario transitar un nuevo camino hacia lo público y democrático, en el cual la estatización (o restatización) y/o municipalización de los servicios públicos —en este caso, la energía— a partir de criterios basados en una lógica de derechos es una alternativa.

En el mundo existen experiencias de municipios que han recuperado los servicios públicos: se han documentado 835 casos de remunicipalización de servicios públicos (estudiados en siete sectores: agua, residuos, educación, administración local, salud, transporte y energía), en 1600 ciudades y 45 países. En América Latina, los principales son Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia y Ecuador. De estos casos, la mayoría de experiencias se presentan en el sector de la energía (Kishimoto & Petitjean, 2017).[5]

[1] Aparte de las subastas, se realizaron avances en la puesta en marcha de mecanismos de balance neto en, por ejemplo, Brasil, Argentina y Costa Rica.

[2] Los autores de este trabajo creen conveniente que se incorpore “inclusión” en lugar de “aceptación”.

[3] La publicación “Construyendo la transición energética europea desde una perspectiva descentralizada y participativa” (Siegner, 2014) da cuenta de varios casos de implementación.

[4] Se entiende como instrumento tecnológico una política pública o un programa de fomento o una organización comunitaria. No se hace referencia a lo estrictamente artefactual (panel fotovoltaico, molino eólico, etc.).

[5] Según plantean Kishimoto y Petitjean (2017) en su trabajo “Remunicipalización: Cómo ciudades y ciudadanía están escribiendo el futuro de los servicios públicos”. Transnational Institute: https://www.tni.org/es/publicacion/remunicipalizacion-1

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